
Considerando que el sistema tributario mexicano se compone de un conjunto de normas que continuamente sufren reformas legislativas para adecuarse a las circunstancias económicas-financieras del país, en algunos casos, dichas normas se tornan complejas y difíciles de asimilar para los contribuyentes o gobernados, provocando que se incurra en una aplicación incorrecta de la legislación fiscal.
En efecto, es muy común que los gobernados incidan involuntariamente en interpretaciones equivocadas de las leyes fiscales que pueden arrojar diferencias en el pago de contribuciones, dando lugar a infracciones a las leyes de la materia, mismas que las autoridades hacendarias en ejercicio de sus facultades de comprobacion determinan en créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, los que se tornan tan elevados que transtornan drasticamente la situación financiera y administrativa de la entidad económica (persona física o moral).
Dentro de lo anterior, esta firma de profesionales del derecho fiscal, ofrece a sus clientes diversas estrategias jurídicas para realizar un adecuada defensa legal en contra de los actos de autoridad administrativas y fiscales.
En ese sentido, nos comprometemos a que cada juicio o medio de defensa legal que esta firma interponga para defender a sus clientes, tenga como finalidad el obligar a las autoridades a que respeten los derechos constitucionales de los contribuyentes y que invariablemente, ciñan la emisión de sus actos al principio de legalidad establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, pues en un estado de derecho no puede haber cabida para autoridades arbitrarias.
Con la finalidad de ser mas específico, señalamos que esta firma cuenta con los siguientes servicios:
Este medio de control constitucional es viable para reclamar leyes fiscales o locales (ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, del impuesto al activo, entre otras), cuando no respetan los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, buscando siempre que la sentencia respectiva conceda el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de restituir al gobernado el pleno goce de sus garantías violadas.
Además, dada la naturaleza de este medio de defensa, puede ser interpuesto prácticamente en contra de cualquier acto de autoridad que implique una transgresión a las garantías establecidas en la carta magna.